El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal firma un memorando de entendimiento con el Fondo de Pensiones de la Iglesia para planificar el futuro

Según lo establecido en un memorando de entendimiento (MOU)firmado el 23 de abril, los miembros del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal y la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Pensiones de la Iglesia (FPI) realizarán al menos cuatro consultas entre las 80ª y 81ª Convenciones Generales (2022 y 2024, respectivamente). En dichas reuniones se abordarán las preocupaciones políticas mutuas planteadas por los cambios demográficos, la comprensión cambiante de la iglesia en la sociedad y las expectativas cambiantes de y para el clero, incluidos los empleados laicos actuales y jubilados de la Iglesia Episcopal. 

El FPI es el patrocinador y administrador de los planes de pensiones y otros beneficios de la Iglesia Episcopal, y las reuniones constituirán una continuación de los diálogos entre los representantes de las dos organizaciones que se han llevado a cabo desde 2018, cuando la 79ª Convención General de la Iglesia Episcopal formó un grupo de trabajo [solo disponible en inglés] para hacer recomendaciones a fin de “mejorar, aclarar o efectuar cambios en la relación.”

“Éste es un hito que ayudará a garantizar que las preocupaciones mutuas de los líderes electos de la iglesia y de la Junta de Fideicomisarios del FPI se aborden con regularidad, mediante la realización de consultas apropiadas para el beneficio de difundir el evangelio y cuidar de aquellos que sirven a la iglesia”, dijo el Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal, Michael Curry.

Según los términos del Memorándum de Entendimiento, entre cinco y siete miembros del consejo, y un número igual de fideicomisarios del fondo de pensiones, “compartirán información, conocimientos e ideas” para ayudar a cada organización a planificar el futuro. El grupo debatirá una amplia gama de temas, entre ellos el impacto de los costos de las pensiones y los beneficios en la contratación de clérigos y empleados laicos, y en la sostenibilidad de la diócesis y la congregación; las desigualdades en el actual sistema de pensiones de la iglesia; y la “viabilidad, costos y obstáculos” de las propuestas de permisos familiares remunerados.

“La Convención General elige a los fideicomisarios del fondo de pensiones, y me alegra que hayamos podido acordar un contexto en el que tendrán la oportunidad de colaborar de manera más estrecha con los líderes electos de la iglesia”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Gay Clark Jennings.

En su informe al Consejo Ejecutivo, que se presentó en agosto de 2020, el Grupo de Trabajo para el Estudio del Sistema de Pensiones de la Iglesia señaló que la administración de la iglesia y el fondo de pensiones abarcan “una variedad de disciplinas y contextos que no son fáciles de asimilar, y que hasta los mejores esfuerzos para dicha integración son susceptibles a asuntos de autoridad, responsabilidad, credibilidad y confianza.”

“A la Iglesia le corresponde trabajar con el Consejo de Administración del FPI en nuestra misión y ministerio compartidos, anteriormente no existía ningún mecanismo fiable para ello”, comentó la canóniga Jane Cisluycis, presidenta del Comité Conjunto del Consejo Ejecutivo sobre Gobierno y Operaciones y miembro del grupo de trabajo. “Este memorando es un plan intencionado para realizar consultas periódicas sobre asuntos que afectan a la iglesia.  No se trata sólo de comunicación; es un intento de crear una cultura de colaboración”.  

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